En medio de una persistente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, el Gobierno anunció que aquellos que cobren el haber mínimo del sistema contributivo general de la Anses recibirán un bono de $70.000 en el próximo mes de abril.
Esta medida, contemplada en el decreto 268 publicado en el Boletín Oficial, busca paliar en parte el impacto de la inflación que ha erosionado el valor real de las prestaciones.
El bono, que también alcanzará a los beneficiarios de prestaciones no contributivas con ingresos de hasta $134.445,30, se otorgará sin descuentos adicionales, aunque no se aplicarán ajustes por movilidad durante el mes de abril.
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La decisión de mantener el bono en los mismos términos que el mes anterior se produce en un contexto de inflación creciente. Según estimaciones de economistas reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación para marzo podría situarse en un porcentaje similar al 13,2% registrado en febrero.
Este escenario augura una profundización de la pérdida de poder adquisitivo para los jubilados y pensionados, independientemente de si reciben o no el bono adicional.
Desde septiembre del año anterior, solo aquellos que perciben el haber mínimo han sido beneficiados con estos bonos. Esta decisión ha sido objeto de críticas, ya que excluye a aquellos que cobran ingresos ligeramente superiores al mínimo, dejándolos al margen de cualquier compensación frente a la creciente inflación.
A pesar de las demandas por un cambio en el sistema de actualización de las prestaciones, aún no se ha definido ninguna medida al respecto.
Las proyecciones indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría registrar un avance del 55,6% durante el primer trimestre del año, lo que supondría una caída de la capacidad de compra superior al 18% en tan solo tres meses.
Además del bono de $70.000, un grupo de jubilados también recibirá un adicional por la garantía del 82% establecida desde 2018, que asegura que ningún haber mensual sea inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, la mayoría de los jubilados no están comprendidos en esta garantía, ya que la obtención de su prestación estuvo vinculada a planes de moratoria, evidenciando la persistente informalidad y precariedad laboral que afecta al sistema previsional.
